martes, 9 de noviembre de 2010

LA IGLESIA CATÓLICA NO DEBE INTERFERIR EN LAS DECISIONES DE UN ESTADO LAICO

Las declaraciones del arzobispo de Xalapa en contra de la legalización del aborto y de la eutanasia, vertidas durante la no-recomendable visita privada del gobernador electo Javier Duarte al prelado veracruzano el pasado 7 de noviembre, significan una intromisión religiosa en el quehacer legislativo de un gobierno aconfesional.

Desde la Constitución de 1857 México se proclamó como Estado Laico, lo que fue ratificado en la Constitución de 1917 que rige hasta la fecha, el artículo 130 establece la separación de Estado e iglesias, por esto no es conveniente que quien estará a cargo del Poder Ejecutivo de Veracruz a partir del 1º de diciembre tenga reuniones cerradas con el líder de una confesión, en todo caso ese tipo de encuentros deben ser públicos e incluir a todas las religiones registradas en el estado.

Por lo que respecta a las declaraciones del arzobispo Hipólito Reyes resulta paradójico que sea la Iglesia Católica la que se esgrima como defensora de la vida, cuando en sus mil seiscientos años de historia han sido responsables de millones de asesinatos: al aliarse con el emperador Constantino en el siglo V exterminaron a los Gnósticos, durante la Edad Media extendieron su poder con el derramamiento de sangre inocente, institucionalizaron la cacería de brujas, arrasaron con los Cátaros (incluidos mujeres, ancianos y niños), quemaron en la hoguera a Giordano Bruno, a Savoranola y a quienes como ellos disintieron de sus conocimientos “científicos” o de su manera de vivir la fe, fueron cómplices de España y Portugal en las barbaridades de la conquista y la colonia y de los gobiernos post-independentistas de América en la masacre que sufren los pueblos indígenas hasta la fecha, a través de la Inquisición persiguieron a chamanes, homosexuales, sacerdotes animistas y judíos durante más de trescientos años; nadie, ni siquiera Adolfo Hitler, ha hecho gala de tanta violencia sobre la tierra.

Es claro que las autoridades religiosas pueden establecer normas para sus seguidores, en el artículo 1398 del Derecho Canónico se configura la pena de excomunión para quien procure el aborto, pero hasta ahí, de ninguna manera pueden pretender regir la vida de quienes no acuden a sus templos, el poder de las religiones no debe extenderse más allá de la puerta de sus instalaciones.

La interrupción del embarazo no es una solución recomendable, lo ideal es la prevención de los embarazos no deseados, sin embargo, independientemente de que los cuerpos de las mujeres pertenecen a ellas y no a los gobiernos ni a las devociones, en Veracruz se enfrenta una realidad lacerante, cada año mueren cientos de mujeres a consecuencia de los abortos clandestinos y ocurren aquí el mayor número de embarazos en adolescentes de todo el país, por lo que el verdadero crimen es criminalizar el aborto y a quienes lo practican. Por fortuna las mujeres que no desean llevar a término el embarazo pueden ya viajar a la Ciudad de México y realizar la interrupción en condiciones clínicas adecuadas y sin violentar ninguna ley, la legislación veracruzana no se aplica a actos ocurridos fuera de su territorio y la canónica no se ejerce cuando existe desconocimiento de su existencia, así que conviene a las católicas no leer las reglamentaciones de su Iglesia, a fin de cuentas sus sacerdotes llevan más de milenio y medio tratando de que sus feligreses no lean, sin embargo muchas mujeres no cuentan con los recursos económicos para viajar a la capital de la república.

En lo referente a la eutanasia hay una contradicción evidente, el Papa anterior, Juan Pablo II, condenó públicamente a los médicos y hospitales que prolongan la vida de los moribundos cuando no hay solución posible, con evidentes fines de lucro, esto es, que a los enfermos terminales hay que dejarlos morir en paz, sobre todo si ellos lo solicitan; por qué entonces no evitar el sufrimiento de quienes no tienen salvación posible.

Los líderes religiosos son libres de expresar sus opiniones ante su grey pero no están facultados para emitir recomendaciones a los legisladores ni a los gobernantes, eso se lo acaban de dejar claro al Papa Ratzinger en su reciente visita a España, la baja afluencia a las ceremonias religiosas de Santiago de Compostela y Barcelona y las manifestaciones de repudio de la comunidad lésbico gay y de organizaciones liberales son evidencia de que en diferentes geografías los ciudadanos no están dispuestos a soportar más manipulaciones eclesiásticas y menos si estas se dirigen a menores de edad.

El próximo gobernador del Estado de Veracruz tiene la obligación moral de hacer respetar la Constitución vigente y gobernar para todos los habitantes del territorio, no nada más para los seguidores de una corriente religiosa; corresponde a la sociedad civil velar por el respeto a los derechos y garantías que las leyes establecen y no permitir la ingerencia de grupos de poder, por muy eclesiásticos que estos sean.

Fundación Caftánrojo AC

Verónica Rodríguez Cecilio y Ramón Acevo

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